Por Rodrigo Sánchez, Abril Mulato y Dulce García
En términos simples, el sistema penitenciario es un elemento fundamental para la seguridad pública y está compuesto por diversas instituciones encargadas de administrar las penas y gestionar el tratamiento de las personas privadas de libertad. Además, tiene la responsabilidad de facilitar su reintegración en la sociedad.
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2022, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/ internada se conformó por 226.116 personas, de las cuales 94.4 % eran hombres y 5.6 %, mujeres.
Las estadísticas señalan que en promedio, 39.0 % de las personas privadas de la libertad/ internadas en 2022 no contó con una sentencia. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 49.3% y para los hombres, de 38.4%.
Además, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 % se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9 %, en prisión preventiva justificada; 11.4 %, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 %, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
A nivel internacional, México no se queda atrás. Según una investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que por el tamaño de su población penitenciaria, hasta 2021 México ocupaba el séptimo lugar en el mundo después de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, Tailandia e Irán. Según el análisis, México cuenta con una tasa de 175 personas en prisión por cada 100.000 habitantes.
A 8 años de haber puesto en marcha la Ley Nacional de Ejecución Penal, senadores y especialistas han reconocido que persiste el reto de construir un sistema penitenciario más justo y efectivo.
Este rezago es resultado de la poca atención a los centros penitenciarios y de que el estado no ha tomado acciones para garantizar la reinserción social de los reclusos, lo que afecta a miles de personas privadas de su libertad que, como ya mencionamos antes, ni siquiera cuentan con una sentencia.
La necesidad de una reforma integral y una mayor inversión en el sistema penitenciario es imperativa para asegurar que las instituciones no solo cumplan con su función de administrar penas, sino que también promuevan la justicia y la rehabilitación.
¿Cuáles son las deficiencias del Sistema Penitenciario en México?
En México, los principios del Sistema Penitenciario Nacional están definidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que el sistema debe organizarse respetando los derechos humanos y promoviendo el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, con el objetivo de facilitar la reintegración social de los sentenciados y prevenir su reincidencia, de acuerdo con los beneficios previstos por la ley. Además, dispone que las mujeres cumplirán sus penas en instalaciones separadas de las destinadas a los hombres.
A pesar de estas disposiciones, y de las medidas internacionales adoptadas, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), los resultados en México han sido insatisfactorios. Las instituciones penitenciarias no han logrado consolidar un sistema que beneficie adecuadamente a los sentenciados, con estrategias que no han tenido un impacto significativo.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales 2022, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra que los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, que se mantiene respecto al año anterior. En cuanto a los sistemas penitenciarios estatales, 12 centros obtuvieron calificaciones reprobatorias, entre 4.26 y 5.94; 13 obtuvieron calificaciones entre 6.05 y 6.98; y seis más entre 7.06 y 7.62. Solo el estado de Querétaro obtuvo una calificación destacada de 8.22.
El análisis también destaca la necesidad urgente de abordar problemas como el hacinamiento y la sobrepoblación, las deficientes condiciones de reclusión, la falta de provisión de servicios básicos, los altos índices de violencia carcelaria, y la falta de control efectivo por parte de las autoridades. Además, se ha constatado el uso de la tortura para investigaciones, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales, y la detención preventiva excesiva, que contribuye directamente a la sobrepoblación carcelaria.
El informe revela una clara ausencia de medidas efectivas para proteger a los grupos vulnerables y una falta de programas laborales y educativos en los centros penitenciarios.
Frente a estos desafíos, es evidente que la transformación del sistema penitenciario en México requiere no solo de ajustes en políticas y normativas, sino de un cambio profundo en la manera en que se abordan los problemas estructurales y humanos del sistema. La falta de avances significativos en áreas clave como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de condiciones y la rehabilitación efectiva subraya la urgencia de un enfoque más integral.
Prisión preventiva en México: un debate de derechos humanos y justicia
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar en el sistema judicial mexicano que implica la privación automática de la libertad de una persona acusada de delitos graves sin juicio y sin sentencia. La medida resulta controversial debido a que implica privación de libertad sin que se haya demostrado culpabilidad.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios, México ha abusado de la prisión preventiva oficiosa. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sancionó al estado mexicano por el caso de Daniel García y Reyez Alpízar, dos hombres que vivieron 17 años en la cárcel sin sentencia. El alto tribunal internacional le ordenó al Gobierno quitar esta figura de su Constitución.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que esta medida aplicada a 16 crímenes, desde el feminicidio o secuestro hasta el robo dentro de una vivienda, es imprescindible para atajar los altos niveles de inseguridad en el país. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que quitarla supondría una afectación irreparable a los derechos de las víctimas, lo alertó en una carta a la SCJN firmada por los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y Exteriores.
Contrario a la solución de la sanción, AMLO anunció la propuesta de ampliar el catálogo de delitos bajo esta figura, mientras que la SCJN creó tres proyectos para afrontar el mandato del tribunal internacional. Ahí comienza la disputa del presidente contra el Tribunal Constitucional.
En México existe también la prisión preventiva justificada que se aplica para que el acusado siga su proceso judicial en la cárcel después de un análisis de los riesgos, es decir, cuando el juez considera que existe un riesgo de fuga, que se manipulen las pruebas o de daños a la víctima y testigos. Esta modalidad se puede aplicar en delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las organizaciones de la sociedad civil destacan que, a diferencia de la prisión preventiva oficiosa, la justificada garantiza una aplicación más respetuosa con los derechos humanos, ya que no se basa en prejuicios o decisiones arbitrarias para determinar la razón de la prisión. Pero también esta figura genera discusiones, los jueces a menudo niegan el amparo a los acusados, lo que los deja sin una vía para cuestionar la legalidad y necesidad de su detención.
Actualmente alrededor de 68 mil personas se encuentran en prisión preventiva. Además de organizaciones nacionales e internacionales como la CoIDH, ministros mexicanos como Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos, entre otros, han propuesto reformas para dejarla sin aplicación y ver por los derechos humanos de los acusados.
El trabajo para construir un sistema de justicia más equitativo y respetuoso con un enfoque que proteja la seguridad de la sociedad así como los derechos de los acusados continúa, pero las cifras de personas que no han sido sentenciadas es preocupante.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal del INEGI, el 37.3% de la población privada de la libertad en México hasta el cierre de 2023, no obtuvo una sentencia. De esta cifra, más de 15 mil personas tienen dos años o más esperando sentencia, más de 13 mil personas tienen de uno a dos años y casi 16 mil personas tienen de seis meses a un año.
Avances en la conquista de derechos y condiciones dignas para las personas en prisión
Hace apenas unos días, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela que recuerda los derechos de las personas privadas de la libertad, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), le exigió a través de un comunicado, a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, incorporar estándares internacionales de derechos humanos en su “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”, anunciado como parte de su proyecto de seguridad.
La primera presidenta electa de México que toma el mando el 1 de octubre, eludió desde campaña el diseño de dicho plan que podría significar un parteaguas en favor de las condiciones dignas de detención, prisión preventiva y población en las cárceles de México, apuntó la ONU-DH.
La organización resaltó que se ha alertado sobre las inadecuadas condiciones desde la detención, el abuso de la prisión preventiva y hasta deficiencias en las políticas de reinserción. Destacaron particularmente las preocupantes condiciones de las mujeres en las cárceles, detectadas también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, las autoridades han trabajado en iniciativas que buscan mejorar la situación del país, por ejemplo, el Programa de Trabajo de Reinserción Social Pospenal y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024 que abordan la situación de las personas privadas de la libertad con un enfoque en la reinserción social. Entre sus objetivos está la creación de políticas integrales que incluyan educación, capacitación laboral y atención psicológica para reducir la reincidencia.
Y como momento histórico, México avanzó hacia una democracia más inclusiva al reconocer el derecho al voto de personas en prisión preventiva. En mayo del 2024 a más de 26 mil personas en esa situación se les permitió votar por primera vez para el cargo de Presidencia y otros cargos locales en un ejercicio anticipado en las entidades de Chiapas, CDMX e Hidalgo. Este avance representa un reconocimiento de estos individuos como sujetos de derechos sino también un compromiso con la creación de un sistema penitenciario humano.
