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Las realidades y desafíos de las personas trans

Por Abril Mulato, Rodrigo Sánchez y Dulce García

A lo largo de la historia, la sociedad ha asignado características y comportamientos específicos a hombres y mujeres según su genitalidad, bajo la creencia de que solo existen los géneros masculino y femenino. De ahí que todas aquellas personas que no se ajusten a esta norma sean objeto de señalamiento y ridiculización pública.

Las personas trans, aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, han estado presentes durante siglos. Aunque los desafíos que enfrentan han recibido recientemente mayor atención por parte de la sociedad y los gobiernos, han sido parte de diversas culturas desde al menos el año 5000 a.C, de acuerdo con la Fundación Human Rights Campaign.

Durante décadas, la comunidad trans ha luchado por ser reconocida y visibilizada como individuos con derechos, desafiando los estereotipos y prejuicios arraigados en la misoginia, el machismo y la transfobia. Esta lucha ha llevado a la privación de derechos humanos básicos, como el acceso a la salud, el empleo, la vivienda, la seguridad y la propia vida.

En México, a pesar de que en los últimos años se han logrado avances que benefician a la comunidad trans como la legalización del matrimonio igualitario en todo el país y la implementación de mecanismos para permitir cambios en documentos oficiales (la credencial para votar y el acta de nacimiento), en algunos estados del país, la situación sigue siendo precaria. 

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de las mujeres trans en México es de tan solo 35 años, debido a la violencia y discriminación que enfrentan a diario. Por su parte, el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, registró 209 casos de crímenes de odio entre 2014 y 2020 en 10 entidades federativas; 93 de estos crímenes, casi el 50%, fueron cometidos contra mujeres trans, mientras que sólo se registraron dos casos contra hombres trans.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de México (CNDH), el Estado y sus instituciones tienen una deuda histórica con las poblaciones trans en lo que respecta a la diversidad sexual y de género. 

La CNDH ha señalado que en el país siguen existiendo particulares y funcionarios públicos que, dentro de sus ámbitos de decisión e influencia, se empeñan en perpetuar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas trans. A esto hay que sumarle que los esfuerzos dirigidos a las infancias y al financiamiento de tratamientos hormonales y cirugías son insuficientes. 

Esta semana vamos a hablar más sobre la situación actual en el país, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.

El acceso de la comunidad trans a tratamientos y cirugías sigue siendo un privilegio

En 2021, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en México existe una población de personas transgénero, transexual, o de otra identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer, que asciende a 909.000 personas. Estas representan el 0.9 % de la población total mexicana de 15 años y más.

De acuerdo con el informe “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México”, realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en México, 65.9% de las personas trans en el país tienen acceso a seguro médico; 33.1% cuenta con IMSS y 5.7% con ISSSTE. Sin embargo, muchas veces no acuden por su ineficacia en la atención médica en general, pero también por la violencia y discriminación que enfrentan, señala el documento.

La Comisión de Derechos Humanos de México ha denunciado que los prestadores de servicios de salud suelen incurrir en actos discriminatorios en contra de la población trans como: dirigirse a ellos utilizando el género y nombre que se les asignó al nacer, negarse a darles la atención y culpabilizarles por sus padecimientos, entre otros. Lo anterior propicia que un gran porcentaje de esa comunidad no se acerque a los servicios sanitarios de sus localidades y prefiera acudir a los recomendados por conocidos en donde haya apertura, confianza y doctores que conocen sus padecimientos.

El problema es que en México, existe una marcada centralización de los servicios especializados, lo que provoca una fuerte marginación en el interior del país, dejando a la población trans en desventaja. 

En el país, solo tres clínicas públicas brindan atención integral a personas trans en su proceso de transición y todas se encuentran en el centro del país: La Clínica Especializada Condesa, con sede en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa de la Ciudad de México; la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), en la delegación Miguel Hidalgo; y el Centro de Atención Médica y Psicológica para Personas Trans (CAMPPT) en Cuernavaca, Morelos.

En la Clínica Condesa y el CAMPPT se ofrecen servicios gratuitos en salud mental, endocrinología, radiología, medicina interna, ginecología y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual, pero no se realizan tratamientos quirúrgicos ni se brindan servicios de urgencias u hospitalización. Similarmente, la USIPT proporciona apoyo en la transición, terapia hormonal, consultas médicas generales y ginecológicas, entre otros, pero tampoco ofrece cirugías en sus instalaciones.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda apoyo para que casos específicos accedan a tratamientos hormonales, pero se debe realizar una evaluación para poder ser candidato.

Aunado a esta insuficiencia en la atención sanitaria pública para personas trans, está la falta de acceso a servicios privados debido a la precariedad laboral de la población trans y a los costos que tienen los tratamientos. 

De acuerdo con organizaciones como la Red Nacional de Diversidad Sexual y la Organización Social e Informativa de Diversidades Sexuales un tratamiento de hormonización (incluyendo las citas médicas) oscila entre los 5.000 y 15.000 pesos. Las operaciones van desde los 50.000 pesos para la mastectomía, 80.000 pesos para quienes busquen implantes mamarios y el costo de la cirugía genital asciende a aproximadamente medio millón de pesos.

Debido a estos altos costos solo tres de 10 personas concluyen su armonización sexo genérica y un gran número personas trans recurren a métodos reconstructivos y estéticos baratos e inseguros que ponen en peligro su salud y su vida.  

Algunas políticas que apoyan a personas trans en México y en el mundo

A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, la comunidad trans sigue siendo una de las más vulnerables y se mantiene en la lucha por la conquista de sus derechos fundamentales, siendo dos de los más importantes el reconocimiento de su identidad y el acceso a servicios de salud integral sin estigmas ni discriminación.

Como lo hemos comentado en días anteriores, a pesar de que en México se han creado espacios como la Clínica Especializada Condesa y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), que ofrecen atención médica gratuita y tratamientos de reemplazo hormonal, sus servicios son exclusivos para residentes de la capital, evidenciando una marcada centralización en el desarrollo de políticas públicas.

Algo similar sucede con el trámite de reconocimiento de identidad en el país. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de México dictó una sentencia histórica con directrices para garantizar el trámite administrativo para rectificar el nombre y el género en el acta de nacimiento sin necesidad de juicio. No obstante, algunos estados como Tabasco y Veracruz (el tercero con más población LGBTTTIQ+ en México) se niegan a reformar sus leyes para cumplir con la sentencia del tribunal. De los 32 estados de la República, 11 se encuentran en este vacío legal.

Pero, ¿cómo contrasta esto con otras políticas públicas en el mundo? Dinamarca, por ejemplo, fue el primer país en Europa en autorizar el trámite administrativo de reconocimiento de identidad, sin juicio y sin necesidad de un diagnóstico clínico o procedimientos de reafirmación de género. En otros lugares como Finlandia, Noruega y Bélgica, el proceso para reconocer la identidad impone como condiciones obligatorias las intervenciones hormonales y quirúrgicas. Lo que refuerza la idea, equivocada y violenta, de que las personas trans necesitan “comprobar” que lo son para que se respeten sus derechos humanos.

De acuerdo a Transgender Europe, Argentina considera como derecho legal el acceso a cirugías de reasignación sexo-genérica y tratamientos hormonales financiados por el estado en instituciones de salud pública y privada. Sin embargo, tras la llegada de Javier Milei al poder, los colectivos LGBTTTIQ+ temen un retroceso en los derechos ya conquistados. Durante los primeros meses de su gobierno no se han presentado regresiones, pero el dirigente se ha pronunciado abiertamente en contra de las minorías sexogénericas y el movimiento feminista.

En otras latitudes, de acuerdo con la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 59 Estados miembros de las Naciones Unidas aún criminalizan expresiones sexodiversas. Un ejemplo puntual en América Latina es el de Perú, cuyo gobierno recién expidió un decreto en el que se describe a la transexualidad como un “trastorno mental”.

Resulta imprescindible identificar el contexto adverso al que las personas trans se enfrentan en la cotidianidad. Los pasos hacia adelante han sido pocos a nivel mundial y es importante reconocerlos, pues marcan un precedente para el impulso de otras iniciativas legales, sin embargo, es prioritario asumir que aún nos queda un largo camino por recorrer y que la conquista de derechos no es igual para todas las personas trans, pues, desafortunadamente, también influye la posición social y la cercanía con entornos urbanizados.

El panorama de las infancias trans de México

Las infancias trans se refieren a niñes y adolescentes con identidades de género no normativas, diferentes a las asignadas al nacer. Uno de los primeros retos a los que se enfrentan es comprender cuál es su género, para luego tener la presión (que no se les exige a las infancias cis) de explicar y confirmarlo con la familia y la sociedad que incluye el entorno escolar.

Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero, explica en “Los 41 Tropiezos de la Heteronorma en México” de TV UNAM que es un trabajo complejo porque no existe representación en el ámbito educativo, ni desde las personas que imparten las clases y casi no se menciona el tema ni los avances de la comunidad, por ello se someten a rechazos sistémicos, burlas y hasta exclusiones del sistema educativo.

A pesar de esto, la comunidad LGBT+ y sus aliados han tenido importantes avances para las infancias trans, por ejemplo, durante todo el 2023 organizaciones de familias de niñes y adolescentes transgénero en la CDMX como Red de Familias Trans, Transfamilias MX y la Asociación por las Infancias Transgénero, impulsaron una lucha por el reconocimiento de la identidad de sus hijes en las escuelas de educación pública y privada bajo el lema “Mi derecho a la educación”. 

Señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene lineamientos para la corrección de datos en los documentos escolares cuando modifican las actas de nacimiento, que algunas escuelas obstaculizan la inscripción e incluso que no se les permite el uso de instalaciones sanitarias según su género. Como resultado, la Asociación por las Infancias Transgénero creó un “Protocolo de actuación para espacios escolares en caso de infancias y adolescencias trans y no binarias” completamente gratuito para orientar la actuación de autoridades educativas y promover la convivencia respetuosa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 (ENDISEG) el 62.4% de las personas con identidades de género no normativas, la descubrieron antes de los 7 años, el 5.6% de los 7 a los 11 años y el 20.3% en la adolescencia. 

Por ejemplo, respecto al cambio de actas de nacimiento, hoy 21 estados del país permiten hacer la modificación de nombre y género ante el Registro Civil, con el único requisito de expresar su libre voluntad, pero 16 de ellos limitan el trámite a personas mayores de edad. Mañana nos centraremos en la lucha jurídica y hablaremos más a detalle de los estados que aún no aprueban la identidad de género.

La lucha por el reconocimiento de identidad de género de la comunidad trans 

Uno de los principales retos a los que la comunidad trans se enfrenta es el reconocimiento de su identidad en el sistema. Su lucha comienza con el entendimiento de su identidad, seguido de la capacidad de expresarla y explicarla a sus círculos cercanos y la sociedad en general. No obstante, en ese proceso enfrentan numerosos obstáculos discriminatorios y de violencia. 

Más allá de las barreras familiares a las que podrían enfrentarse las personas trans, se están produciendo avances a nivel global en el reconocimiento de la identidad de género y en México también.

Hasta hoy, 23 entidades del país reconocen la identidad de género para brindar certeza jurídica y que puedan ejercer plenamente sus derechos sin recurrir a un juicio de amparo. En todos ellos se puede expedir una nueva acta de nacimiento solicitándola al Registro Civil con el requisito de expresar su libre voluntad.

En Jalisco, Sinaloa y Puebla se puede llevar a cabo el procedimiento para reconocer la identidad de género sin restricción de edad, en Ciudad de México, Oaxaca y Morelos el trámite se permite para mayores de 12 años. Yucatán, Michoacán, Colima, Coahuila, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Zacatecas únicamente lo permiten en personas mayores de edad.

Pero también hay entidades donde aún no se aprueba la identidad de género y son Durango, Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. 

En el caso de Guanajuato, “Amicus”, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGBT+, ganó recientemente un amparo para que la comunidad trans ya no tenga que recurrir a juicios para cambiar su nombre y género ante el Registro Civil. Dicha resolución obliga al Congreso a modificar el Código Civil para crear un sistema que facilite los trámites, mismo que se discutirá en septiembre, al inicio de la nueva legislatura. 

Aunque falta mucho por hacer, se está progresando desde el núcleo familiar bajo la concientización de que ningún tercero, incluso si son los padres, puede definir el género de una persona, la única forma de saber cómo se identifica es preguntándolo. Poco a poco se comienza a abrazar la diversidad desde los primeros años, fomentando un desarrollo libre y auténtico al margen de los estereotipos cisheteropatriarcales.

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